Nota presentada por nuestro Secretario General, Cro. Sergio Palazzo, al presidente de la Comision de Seguimiento de las Normas Tributarias del Congreso de la Nacion, Diputado José De Mendiguren,con motivo de la convocatoria realizada para recibir propuestas respecto al tema del injusto Impuesto a las Ganancias.
SE PROFUNDIZA EL CONFLICTO
LA BANCARIA DENUNCIA DISCRIMINACIÓN POR PARTE DE LAS PATRONALES PRIVADAS Y OFICIALES YA QUE LE COMPENSAN AL PERSONAL DE MAYOR JERARQUÍA O DIRECTORES EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y NO AL RESTO DE SUS TRABAJADORES.
“Hoy -por el viernes- se notificó a los 33 trabajadores para que vuelvan a cumplir tareas en la institución a partir del lunes próximo”. Así lo adelantó el interventor de la Caja Popular de Ahorros, Armando Cortalezzi, en alusión a los contratados que habían cesado en sus funciones y por lo que La Bancaria realizó un planteo ante la Justicia Federal. Hace dos semanas, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar a la medida cautelar del gremio y exigió a la CPA que “reponga de inmediato en sus puestos de trabajo al personal” afectado “en las mismas condiciones en que se encontraban antes de los despidos”.
“Estamos cumpliendo la resolución judicial, por la cual notificamos a cada uno de los empleados para que se presenten, el lunes, en sus respectivos lugares de trabajo cumpliendo las funciones que tenían antes de su desvinculación de la Caja Popular”, acotó Cortalezzi. Agregó que se tomaron todos los recaudos legales para acatar el fallo de la Justicia.
Según el interventor se trata de contratos provisorios, que tendrán la duración que determinó la Justicia o hasta que “caiga la cautelar y se resuelva la cuestión de fondo”. Para esta situación, el funcionario precisó que la entidad crediticia contrató un estudio de abogados de Buenos Aires para que trabajen en el caso “y protejan a la institución”.
Al respecto puntualizó que los letrados deberán abocarse primero a la competencia, ya que el régimen laboral de la CPA está bajo la órbita estatal y no es un régimen privado; según explicó. “Trabajarán para que se resuelva la cuestión de fondo que esperamos sea una resolución favorable para la Caja Popular, y se pueda revertir la decisión judicial”, resaltó.
Cortalezzi recordó que 32 de los empleados que deben ser restituidos en sus puestos tenían restricciones para acercarse a la entidad. En ese sentido, expresó su esperanza de que esta situación no afecte la paz y la armonía que marcan el desarrollo de las actividades de la CPA. Y reiteró: “deben ser instalados en los mismos lugares y condiciones en la que revestían”.
Además, indicó que como se le hará un contrato nuevo, deberán realizar todos los trámites administrativos correspondientes y completar documentación y presentar papeles. En este aspecto, volvió a mencionar que estarán en sus puestos hasta que los contratos cesen o bien mientras se mantenga vigente la cautelar.
Los 33 empleados deberán presentarse a partir de las 7.45 del lunes venidero en la gerencia de Recursos Humanos, según consta en las notas remitidas ayer por la CPA a cada uno de los trabajadores, para ser restituidos en sus puestos de labor. “Damos cumplimiento a la orden judicial”, repitió Cortalezzi.
Fuente:
ACLARACIONES
El Ministerio de Trabajo ha resuelto prorrogar por diez días más la conciliación obligatoria dictada en relación al conflicto que motivó el plan de lucha que tuvo su más reciente, pero no última, instancia en el paro del 8 de Julio.
Ese paro respondía a dos situaciones:
La primera es la referida a la reincorporación de los compañeros despedidos en la Caja Popular de Tucumán. Como hicimos público la Justicia ordenó reincorporar a esos compañeros y el Gobierno de Tucumán debe cumplir.
La segunda, deterioro del poder adquisitivo del trabajador bancario, está generada por el injusto impuesto a las ganancias sobre nuestros salarios, es decir sobre ingresos de carácter alimentario. Y está agravada por incumplimientos de los bancos a los acuerdos salariales suscriptos en abril p.pdo.
La Asociación Bancaria, tiene la mejor voluntad de diálogo, pero deja constancia que éste período de conciliación obligatoria, dictado a la Bancaria y A LOS BANCOS, no debe servir para “ganar tiempo” sino para lograr soluciones.
La única solución aceptable es que no perdamos poder adquisitivo, vía una reforma del impuesto o bien con los bancos haciéndose responsables, como ya sucede en varios casos, pues , como es sabido, son, en esta “historia”, los únicos que obtienen ganancias.
Bancaria, Bancario 17 de julio de 2014
NUESTRA LUCHA CONTINUA
SECRETARIADO GENERAL NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN BANCARIA
Sergio Palazzo
Secretario General
Andrés R. Castillo, Lisandro Aguirrezábal, Carlos Cisneros, Patricia Rinaldi, José Lupiano, Cristina Maino, Carlos Irrera, Walter Rey, Mariel Iglesias,Gustavo Díaz, Enrique Ramírez,Liliana Lafauci,Jorge Dipierri, José Giorgetti, Juan Pallo, Luis Ortega, Aldo Acosta,Analía Lungo, Rosa Sorsaburu, Claudia Ormachea, Eduardo Negro, Eduardo Berrozpe
www .bancariabancario.com.ar
Sigamos movilizados
La sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha resuelto hacer lugar a lo reclamado por nuestro gremio, ordenando a la Caja popular de Ahorros reponer en lo inmediato a sus puestos de trabajo, a los compañeros despedidos por los cuales seguimos luchando y reclamando.-
Es decir, que el mismo día en que los bancarios del país realizamos un paro total de actividades, la justicia se ha pronunciado en el mismo sentido que la lucha emprendida, y esto nos llena de satisfacción como trabajadores, porque en nuestro banco y en nuestra seccional la medida ha sido acatada masivamente, previamente preparada con asambleas, pegadas de afiches, recorridas por los bancos y actividades de agitación.-
En el curso de la semana próxima asistiremos al Ministerio de Trabajo de la Nación con este inmenso capital, solicitando las asistencia de las Cámaras empresarias y autoridades de la AFIP, que deberán dar las respuestas sobre el “impuesto al salario” (mal denominado ganancias), y del incumplimiento de las patronales de lo convenido en el marco paritario.-
Mantendremos información sobre el avance de las negociaciones.-
Comisión Gremial Interna del Banco de la Provincia de Buenos Aires
Seccional Chivilcoy
La Justicia nacional hizo lugar al reclamo de la Asociación Bancaria, y ordenó a la Caja Popular de Ahorros “que reponga de inmediato en sus puestos de trabajo” a los 36 empleados despedidos por el interventor Armando “Cacho” Cortalezzi, “en las mismas condiciones en que se encontraban antes de los despidos, bajo apercibimiento de una multa de 30.000 pesos por cada día de demora”.
La sentencia fue emitida por la Cámara Nacional de Apelaciones del fuero del Trabajo, con la firma de dos prestigiosos jueces laborales: el doctor Juan Carlos Fernández Madrid y el doctor Luis Raffaghelli.
Fernández Madrid es profesor titular y director de posgrado en la UBA, director de la Revista Doctrina Laboral y Previsional de la Editorial Errepar, autor de innumerables obras, con destacada actuación en la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, y ex presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación.
Rafaghelli es un magistrado y camarista de dilatada experiencia, destacado especialista en derecho laboral, autor del Manual de Derecho Colectivo del Trabajo y otras múltiples obras sobre derecho sindica, negociación colectiva, derechos humanos del trabajo, etc. Asimismo, se especializó en Toledo (España) en Derecho Constitucional y Derechos Sociales.
A favor de la inmediata reincorporación de los despedidos por parte de Cortalezzi, los jueces infieren que los despidos fueron “discriminatorios” contra los afiliados a la Asociación Bancaria, y citan jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, así como derechos establecidos por la Constitución Nacional y múltiples tratados internacionales.
También remarcan que la decisión de Cortalezzi afectó la tutela sindical y el libre ejercicio de la actividad gremial, al tiempo que se habrían adoptado represalias y prácticas desleales contra los trabajadores despedidos de la Caja Popular.
“El despido de un trabajador por su acción sindical constituye un claro signo de impedimento u obstáculo en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical que la ley garantiza, por lo que restablecerlo al lugar de trabajo resulta imperativo”, señala el fallo.
Además, los magistrados confirmaron las decisiones del Ministerio de Trabajo de la Nación, que fueron desoídas por Cortalezzi, ordenando la inmediata restitución de los empleados en sus funciones anteriores, al tiempo que fijan una multa diaria de 30.000 pesos por cada día de atraso en la reincorporación.
La decisión fue notificada en el día de la fecha, por lo que a partir del jueves corren los plazos de la sentencia.
La Caja Popular además deberá abonar los salarios caídos más aguinaldos, vacaciones y de más acreencias a los 36 despedidos, que llevan más de un año sin percibir sus sueldos.
Lamentablemente, el costo de la arbitrariedad y las medidas ilegales de Cortalezzi, como ejecutor de las órdenes del gobernador José Alperovich, recaerá sobre la Caja Popular, es decir sobre el bolsillo de los tucumanos.
